Como si le hubiese caído un mortero. El centro de menores y de mayores construido durante el pasado año en el Valle de Jinámar se encuentra sumido en la más absoluta ruina tras los numerosos actos de saqueo sufridos estas semanas. El inmueble, en el que se invirtieron 1,18 millones de euros con cargo al Plan estatal Feile desde 2010 y no se ha puesto en funcionamiento por falta de recursos humanos y materiales, está totalmente desmantelado por obra y gracia de los cacos y la falta de vigilancia y de medidas de seguridad.

La veintena de habitaciones que conforman el complejo, dividido en dos bloques, y los numerosos baños repartidos en él han sido pasto de los vándalos. Nada se ha salvado del expolio. Todo el cableado de las paredes ha sido robado impunemente y con toda la parsimonia del mundo, haciendo uso incluso de escoplo y martillo para romper pacientemente las paredes y vaciarlas de cualquier tubo con algún cable de cobre en su interior. Fuentes consultadas ayer por este rotativo estimaron los daños en más de 100.000 euros.

Los falsos techos también han sido destrozados con el mismo objetivo, así como la grifería de los baños -han desaparecido apliques y espejos enteros- y las cajas de registro del equipamiento, cuyas puertas se encuentran abiertas de par en par sin ningún tipo de vigilancia a la vera del centro de educación de adultos del barrio.

La imagen en el interior es sencillamente desoladora. Este periódico pudo contar durante la visita que efectuó a mediodía más de 50 ventanas rotas con grandes piedras. También son casi una decena las puertas arrancadas de cuajo, abandonadas por los suelos y cubiertas por gran cantidad de excrementos en avanzado estado de descomposición y orines.

La existencia de restos de botellas, latas de atún y cerveza y colillas, además de una manta, indican que el edificio ha sido asaltado con asiduidad por varios desconocidos que, a modo de remate, han decidido decorar las paredes con insultos y toda clase de improperios.

La infraestructura fue construida en 2010 y 2011 por dos empresas en dos fases. La que ejecutó Umiaya, destinada a los mayores, costó más de 730.000 euros y fue recepcionada por el Ayuntamiento en marzo de 2011. La otra, ideada para atender a menores, corrió por cuenta de la firma Verde Suárez y en ella se gastaron 454.349 euros. Todo este dinero fue aportado por el Gobierno central. El problema ha venido después, cuando el consistorio ha recepcionado los inmuebles y se ha percatado de que, aún no siendo una competencia directa, no cuenta con fondos para poner en marcha el recinto y dotarlo.

La directora de gobierno de Servicios Sociales en Telde, Minerva Santana, reconoció ayer que en el municipio "no hay dinero ni para poner una alarma o un vigilante. Estamos tratando de que el Gobierno canario nos dé dinero, pero ellos dicen que están en las mismas", según publica La Provincia-DLP